Licencias de conducir en Tennessee: una demanda cuestiona la exclusión del permiso de trabajo como prueba para obtener documentos temporales.
Una demanda presentada el 30 de octubre en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, busca frenar una regla estatal que dejó de aceptar el permiso de trabajo y otras constancias federales como prueba suficiente para obtener o renovar una licencia temporal de conducir. El cambio rige en todo Tennessee y afecta a residentes no ciudadanos que tienen autorización federal para permanecer en el país, incluidos beneficiarios de DACA y solicitantes de asilo.
La acción fue iniciada en el Tribunal de Cancillería de Tennessee para el Vigésimo Distrito Judicial, condado de Davidson, por la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC, por sus siglas en inglés) y seis personas identificadas con iniciales.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) y el estudio Bass, Berry & Sims integran la representación legal. Todavía no hay una decisión judicial sobre el fondo ni una orden que suspenda la regla.
Según la demanda, el Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee (TDOS, por sus siglas en inglés) aceptó durante años el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formulario I 766, y avisos de aprobación I 797 para demostrar una presencia federalmente autorizada. La presentación sostiene que la agencia cambió ese criterio a fines de agosto y eliminó las excepciones para beneficiarios de DACA alrededor del 1 de octubre de 2026.
La página oficial de Servicios al Conductor de Tennessee confirma la nueva posición administrativa. Afirma que un permiso de trabajo “no establece ningún estatus migratorio ni período de estadía autorizado” exigido para una licencia, permiso o identificación temporal.
La agencia mantiene esa explicación publicada en su sitio. La demanda discute su compatibilidad con las normas estatales existentes.
Para quienes no son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o residentes condicionales, el nuevo listado exige un pasaporte extranjero vigente, traducido al inglés, junto con una visa válida y el formulario I 94, o un pasaporte válido con I 94W. Ciertos estudiantes deben sumar el formulario I 20 del sistema SEVIS o el DS 2019.
La disputa se concentra en documentos que antes figuraban como aceptables y que ahora la agencia rechaza de manera categórica:
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emite los formularios I 766 e I 797. La demanda alega que la normativa vigente de Tennessee incluye expresamente el EAD entre los documentos que pueden acreditar una estadía autorizada y que la agencia no siguió los pasos de notificación, audiencia y aprobación exigidos para modificar una regla. Esas son afirmaciones de los demandantes que el tribunal deberá evaluar.
Los demandantes individuales viven en los condados de Davidson, Knox, Robertson y Rutherford, todos en Tennessee. El expediente describe intentos rechazados en centros de Nashville, Knoxville, Lebanon, Murfreesboro, Dickson, Franklin, Columbia y Tullahoma. Sus nombres completos no se publicaron porque solicitaron litigar con iniciales.
Uno de ellos, identificado como K.D.J.M., vive en el condado de Davidson, trabaja como mecánico y tiene dos hijos adolescentes. Según la demanda, intentó renovar su licencia en cuatro oficinas y perdió la posibilidad de desplazarse a lugares de trabajo donde reparaba maquinaria.
Otro demandante, A.L.M., reside en el condado de Knox y afirmó que necesita conducir para llevar a sus hijos a la escuela y a citas médicas, además de trasladarse a su empleo.
La presentación también incluye a personas con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y a una pareja con solicitudes de asilo pendientes.
La relevancia práctica no se limita al documento físico: sin una licencia vigente, los actores sostienen que se complican el trabajo, el cuidado familiar, la asistencia a tratamientos y la vida cotidiana en un estado donde muchos traslados dependen del automóvil.
Peter McGraw, subdirector legal de NILC y abogado de los demandantes, declaró en el comunicado del centro que los residentes “deberían poder conducir con seguridad y libertad”.
Spring Miller, directora sénior de estrategia legal de TIRRC, sostuvo que los actores “vieron sus vidas alteradas por el cambio abrupto”. Ambas declaraciones reflejan la postura de quienes cuestionan la regla.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
