Entidades rurales y frigoríficos rechazaron un proyecto del Ministerio de Desregulación que propone convertir en voluntarios los aportes.
La descabellada idea del ministro estrella Sturzenegger de reemplazar el artículo 14 de la Ley 25.507, que es justamente el que habla del financiamiento que tendrá el IPCVA para cumplir con sus funciones, que son básicamente la de promover el consumo de la carne argentina en los diferentes mercados que tiene, 70% consumo interno y 30% en los países que la importan.
Ante esta idea loca,las entidades gremiales de productores agropecuarios y las cinco cámaras que agrupan a la industria frigorífica rechazaron de pleno el intento del ministro para modificar la ley que dio origen al Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCVA) en 2002, y convertir en voluntario el aporte obligatorio que se cobra actualmente por cada cabeza faenada que apenas logra recaudar 15 millones de dolares por año para promover la carne Argentina por el mundo.
Para que quede claro,las entidades que representan a la cadena ganadera se plantaron en contra del ministro a horas de que el presidente Javier Milei inaugure el domingo próximo la Exposición Rural de Palermo.
Esta es el comunicado emitido esta mañana por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro y CRA) más las cinco cámaras de la industria frigorífica (Consorcio ABC, UNICA, Cadif, CiCCRA y FIFRA). Todas esas entidades ocupan una silla en el consejo directivo del IPCVA, que es presidido siempre por un dirigente de la producción. La Secretaría de Agricultura también tiene una silla, porque se trata de un ente mixto, financiado por los privados pero con participación estatal.
Una curiosidad es que los presidentes de cada una de estas nueve organziaciones empresarias firmó el comunicado de rechazo al sistema de fondeo del instituto de promoción de la carne vacuna.
La reacción durísima de la inmensa mayoría de la cadena de ganados y carnes contra el proyecto desregulador de Sturzenegger se conoce luego de que se difundiera el anteproyecto de ley que el ministro de Milei redactó con diversas reformas, entre las que se incluye todo un capítulo destinado al IPCVA.
Allí, Sturzenegger planea establecer “un régimen transitorio hasta el 30 de septiembre de 2027”, para ir reduciendo paulatinamente el aporte obligatorio que, por ley, deben hacer ganaderos y froigoríficos al Instituto, según la cantidad de cabezas que envíen a faena. Luego el anteproyecto establece “la finalización, a partir del 1° de octubre de 2027, de las contribuciones obligatorias”, para pasar a un sistema de financiación voluntaria.
Los propios actores gremiales que componen el sector y dirigen el IPCVA rechazaron rotundamente esta posición, porque consideran que si fuera voluntario el IPCVA quedaría virtualmente desfinanciado y no podría cumplir con sus objetivos.
Sí, los que ponen la tarasca rechazaron -al menos institucionalmente- el supuesto beneficio que les quiere otorgar Sturzenegger.
A la nota adhieren, además de las nueve organizaciones que dirigen el Instituto, todos los integrantes del Consejo Asesor. Las siglas son muchísimas: AACREA, ACA, AFIC, APEA, CAF, CACG, CAFRA, CICER, CAFRISA, CARBAP, CARSFE, CARTEZ, CARTUC, CCPP, CCDH, FAAS, FADEFA, FARER, FEDECO, Federación de la Carne, FEDERSAL, Foro Argentino de Genética Bovina, ICICA, INTA, INTI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Rosgan, UNCOGA, Asoc. Argentina de Criadores de Angus, Asoc. Argentina de Criadores de Bonsmara, Asoc. Braford Argentina, Asoc. Argentina de Criadores de Brangus, Asoc. Argentina de Criadores de Hereford, PROLIAR, Asoc. Argentina de Criadores de Limousin, Asoc. de Criadores de Ganado Sanga, Asoc. Argentina de Criadores de Shorthorn.
El argumento para este rechazo es que “desde su creación por Ley 25.507, a impulso del propio sector privado, el IPCVA ha demostrado ser un instrumento eficaz para llevar adelante estudios técnicos, generar información estratégica, y promover la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el internacional”.
Luego de informar cómo se compone e integra su conducción, el comunicado refuerza que “el Instituto funciona con fondos privados que aportan de manera conjunta productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. La ley establece que los productores efectúen una contribución equivalente al 0,07% del valor índice de res vacuna en plaza de faena, y la industria un 0,03% de dicho valor al mes de marzo de 2026.
“Es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay (muchos de los cuales, además, complementan sus ingresos con fondos estatales). Los presupuestos que se manejan internacionalmente evidencian que la Argentina, uno de los principales productores y exportadores mundiales de carne vacuna, financia su instituto de promoción muy por debajo de otros países con cadenas cárnicas mucho menos desarrolladas”, agregaron los dirigentes sectoriales.
Que enfatizan: “Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”.
“Por todo lo expuesto, rechazamos cualquier intento de alteración de las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional, la cual ha sido clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales, sostener relaciones sanitarias con países compradores (entre un 3% y un 5% de presupuesto anual del Instituto se aporta al SENASA), y posicionar la marca “Carne Argentina” como un producto premium a nivel global. Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector”, finaliza el escrito.
