Cada vez se conocen más casos de usuarios en el pais que denuncian haber sido víctimas de estafas virtuales vinculadas a Tarjeta Naranja. Las dificultades para comunicarse con la empresa,no hay humanos y los obstáculos para realizar reclamos y las respuestas negativas a través de sus canales de atención generan preocupación entre los consumidores.
Cada vez se conocen más casos de usuarios en el pais que denuncian haber sido víctimas de estafas virtuales vinculadas a Tarjeta Naranja. Las dificultades para comunicarse con la empresa,no hay humanos y los obstáculos para realizar reclamos y las respuestas negativas a través de sus canales de atención generan preocupación entre los consumidores.
Abogados advierten sobre esta problemática y califican la situación como una "doble estafa",señalan que, además del dinero perdido, los damnificados deben enfrentar un sistema de atención que muchas veces dificulta encontrar una solución.
Uno de los casos expuestos es el de una jubilada que, tras una maniobra fraudulenta, quedó con la pantalla de la aplicación en blanco y bloqueada, perdiendo la suma de $1.352.000,18.
Explican de la existencia de páginas falsas o "espejo" en internet, junto con las dificultades para operar y comunicarse mediante la aplicación, la billetera virtual, el chatbot o los canales telefónicos y digitales, deja a muchos usuarios en una situación de desprotección.
A esta problemática se suma otra preocupación: las consecuencias económicas que enfrentan las personas afectadas. Al no poder acceder normalmente a sus cuentas ni resolver los reclamos a tiempo, muchos consumidores tienen dificultades para cumplir con el pago de sus cuotas, cuyo vencimiento opera el día 10 de cada mes. Esto puede generar intereses y recargos que, en palabras de los abogados, terminan convirtiéndose en una carga "usurera" para quienes ya fueron perjudicados.
También cuestionan las trabas que encuentran los clientes cuando intentan dar de baja los débitos automáticos de servicios asociados a la tarjeta. Según relatan, la empresa les indica que deben gestionar la cancelación directamente con cada prestadora, lo que suma nuevas dificultades para quienes buscan evitar futuros descuentos.
Ante la falta de respuestas y la imposibilidad de resolver los conflictos por las vías habituales, la instancia judicial aparece como el último recurso para los damnificados.Abogados señalan la importancia de realizar las denuncias correspondientes y avanzar con los reclamos ante la Justicia.
Mientras tanto, crece la preocupación por la vulnerabilidad de los consumidores frente a las estafas digitales y por la necesidad de contar con mecanismos de atención y protección más accesibles y efectivos.