Un informe advierte que los recursos enviados por la Nación a las provincias y a la CABA acumulan una caída del 4,2% interanual en 2026. Los niveles actuales todavía se ubican un 21,7% por debajo del pico registrado en junio de 2023, y la desaceleración de la inflación no se tradujo en una recomposición real de las transferencias.
En un informe de la Fundación Libertad y Progreso advierte que los recursos enviados por la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires acumulan una caída del 4,2% interanual en 2026. El economista Joaquín Aranguiz, autor del estudio, señaló que «cuando la coparticipación cae en términos reales, las provincias enfrentan un dilema clásico: recortar gasto, con el costo político y social que eso implica; buscar financiamiento alternativo, como deuda, adelantos del Tesoro o presión tributaria propia; o directamente acumular atrasos». La fórmula, según el especialista, no admite salidas cómodas en ninguno de sus términos.
El informe ubica a junio de 2026 como referencia de diagnóstico. En ese mes, las transferencias reales a las provincias se ubicaron apenas un 2,2% por encima del piso de junio de 2024, que fue el punto más bajo de la serie tras el shock cambiario de diciembre de 2023. Pero la comparación más reveladora es con el pico previo a la crisis: los recursos actuales todavía se encuentran un 21,7% por debajo del nivel de junio de 2023.
Ese desfase no es menor. Implica que las administraciones provinciales llevan más de dos años y medio gestionando con una masa coparticipable sensiblemente inferior a la de la etapa anterior, sin que la baja inflacionaria de los últimos meses haya generado una recomposición equivalente. «La desaceleración inflacionaria no se tradujo en recomposición real de la coparticipación, y el ajuste post-devaluación dejó una base más baja de la que aún no se despega», precisó Aranguiz.
Uno de los interrogantes centrales que plantea el documento es si el ajuste que también realizaron las provincias durante la gestión Milei respondió a una decisión política propia o a una imposición de las circunstancias. Aranguiz formuló la pregunta con precisión: «Esto nos lleva a pensar si el ajuste que también hicieron las provincias fue por convencimiento para acompañar al gobierno nacional o si tuvieron que acomodarse a la nueva realidad porque no les quedaba alternativa».
La distinción no es menor: si el recorte fue voluntario, las provincias conservan margen para revertirlo cuando las condiciones lo permitan. Si fue forzado por la caída de los ingresos coparticipables, el problema es estructural y persistirá mientras las transferencias no se recuperen. Los datos apuntan con más fuerza hacia la segunda interpretación.
Este análisis se suma al cuadro más amplio que El Argentino Diario ya documentó en coberturas anteriores: las 23 provincias relevadas cerraron 2025 con déficit fiscal primario, revirtiendo el superávit de 2024, en un contexto en que las transferencias automáticas nacionales habían caído un 6,4% real en el primer trimestre de ese año según el IARAF. La caída interanual del 4,2% que ahora reporta Libertad y Progreso para 2026 indica que esa tendencia no se interrumpió.
La escasez de recursos coparticipables tiene una traducción política directa. Varios gobernadores que en 2024 acompañaron el programa económico de Javier Milei, o al menos evitaron confrontaciones abiertas, comenzaron a endurecer sus posiciones a medida que el impacto fiscal se volvió insostenible. La tensión entre la consolidación fiscal nacional y las necesidades financieras de los estados provinciales recorre transversalmente el mapa político argentino y se proyecta con fuerza sobre el ciclo electoral de 2027.
La pregunta que el informe de Libertad y Progreso instala, más allá de su enfoque técnico, es si la llamada «recuperación» que el Gobierno nacional exhibe como conquista del ajuste se construyó, en buena medida, sobre el desfinanciamiento silencioso de los presupuestos provinciales. Los números sugieren que esa hipótesis tiene respaldo empírico.
