ENRIQUE URIEN : confirmaron procesamiento de la intendenta de Urien y advirtieron que otros funcionarios podrían estar involucrados

ENRIQUE URIEN : confirmaron procesamiento de la intendenta de Urien y advirtieron que otros funcionarios podrían estar involucrados

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de la intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, acusada de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación contra la administración pública. Se ratificó además el embargo que pesa sobre sus bienes por un monto superior a los 45 millones de pesos.

Con fecha del lunes, las juezas María Delfina Denogens y Patricia Beatriz García (subrogante) resolvieron no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Pascua y consecuentemente confirmar la resolución venida en apelación.

“Los argumentos de la Defensa no resultan atendibles, apareciendo hasta el presente su posición sólo como un intento de colocar a su defendida en una situación procesal más favorable”, indicaron las magistradas.

“En este marco legal y doctrinario, el Juez a quo (en referencia a juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda) tuvo por probado que Liliana del Carmen Pascua se adjudicó y coadyuvó a la concesión de su familia y allegados en la concesión de viviendas destinadas por el Gobierno Provincial al Municipio de Enrique Urién, las que estaban destinadas a favorecer a pueblos originarios”, indicaron.

En relación al cuestionamiento de la defensa de Pascua respecto de que la intendenta carecía de la posibilidad de adjudicar viviendas, ya que era el gobierno del Chaco, a través del Instituto de Vivienda, el responsable de hacerlo, las magistradas respondieron que, en los hechos, esto no es así.

“Ello no posee la entidad de deslindar responsabilidad de la encartada, antes bien, puede conllevar a sostener responsabilidades de otros funcionarios en la maniobra delictiva, lo que deberá ser objeto de pesquisa dada la instancia de instrucción”, advirtieron, abriendo la posibilidad de nuevas investigaciones contra funcionarios que podrían haber facilitado esta maniobra.

En este marco, indicaron que el cargo de intendenta la colocó en una situación de “privilegio” para conocer y disponer de los planes de viviendas y “favorecer a sus allegados con las mismas, las que, claramente, debían tener otro destino”.

“Y aquí hemos de destacar que la propia Defensa alude a que la encartada, en carácter de tenedora precaria, disponía de las viviendas para utilizarlas para la visita de miembros del Gobierno Provincial o Municipal, lo que indica que Pascua tenía a su disposición dichas viviendas, razón que conlleva a que las mismas no podían ser adjudicadas a quienes más las necesitaban”, añadieron.

En relación a las inconsistencias detectadas en el incremento patrimonial de la intendenta, las juezas se refirieron a movimientos bancarios por una gran suma de dinero que no estarían justificados con ningún otro ingreso, como así también a la pomposa reforma que tuvo una de las viviendas sociales que terminaron siendo de su propiedad.

“Cabe destacar que el Juzgador hizo especial mención a que la encartada reformó una de las viviendas adjudicadas, incorporando a la construcción una segunda planta, así como la colocación de siete aires acondicionados en la misma”, refirieron las magistradas.

“Asimismo, del informe de inteligencia Nº 0213/2020 realizado por la UIF (Unidad de Información Financiera), se advierte que Pascua se vinculó en el año 2013 a una cuenta del Banco de la Nación Argentina y que, en un largo período comprendido desde diciembre del 2017 al mes de agosto del 2020, efectuó depósitos y extracciones de gran importe (más de once millones de pesos). En este punto, no obran constancias que expliquen dichos movimientos bancarios y no se visualiza en el informe que tal suma de dinero haya sido depositada o extraída a los fines de la función pública”, afirmaron.

“Tales elementos objetivos citados no pueden desconocerse y forman la convicción de esta Alzada de que debe confirmarse la imputación formulada en la anterior instancia, siendo dable recordar –a todo evento- que la calificación legal de los hechos será objeto de revisión definitiva en la etapa del juicio, con mayor amplitud de debate y prueba”, explicaron.