El esquema prevé la instalación de tecnología específica para identificar dispositivos activos en zonas restringidas y avanzar con su bloqueo a través de las empresas de telecomunicaciones .
La medida permitirá detectar dispositivos y bloquearlos dentro de los penales para evitar delitos coordinados desde prisión.
El Gobierno oficializó una medida para reforzar el control dentro de las cárceles federales: a través del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional autorizó la instalación de sistemas para detectar y bloquear celulares en establecimientos penitenciarios.
La decisión se formalizó mediante la Resolución 336/2026, que habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI, con el objetivo de “impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil” dentro de las unidades.
Según se detalla en la norma, la medida apunta a evitar que organizaciones criminales operen desde las cárceles, ya que el uso de celulares permite “planificar y coordinar maniobras ilícitas” desde el interior de los penales.
El esquema prevé la instalación de tecnología específica para identificar dispositivos activos en zonas restringidas y avanzar con su bloqueo a través de las empresas de telecomunicaciones .
Además, se instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa, a gestionar la compra, instalación y mantenimiento de estos sistemas, garantizando que no afecten áreas externas a los establecimientos.
La resolución también aprueba un manual de procedimiento que establece los pasos para la detección, solicitud y ejecución del bloqueo. Entre otros puntos, se fija que las compañías deberán confirmar la inhabilitación de los dispositivos en un plazo máximo de 48 horas .
La implementación y supervisión estará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, en coordinación con el Servicio Penitenciario Federal y las empresas del sector.
La medida se enmarca en la normativa vigente que prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles y busca reforzar las estrategias de prevención y control intramuros para proteger la seguridad pública.
