El Gobierno oficializó el acuerdo con el organismo internacional, que contempla un primer desembolso de U$S 750 millones. Los fondos estarán sujetos a medidas para controlar el gasto y mejorar la recaudación.
Las provincias tendrán acceso a una nueva línea de financiamiento por hasta U$S 1.500 millones, aunque para recibir los recursos deberán avanzar con una serie de cambios en sus cuentas públicas. El esquema fue formalizado en la jornada de ayer a través del Decreto N°1285, publicado en el Boletín Oficial.
El programa, acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla un primer desembolso de U$S 750 millones. El dinero estará destinado a mejorar la situación fiscal de las administraciones provinciales y a promover una mayor coordinación con el Estado nacional.
A diferencia de un préstamo de libre disponibilidad, el acceso a los fondos estará relacionado con el cumplimiento de determinados objetivos. Hasta 15 provincias podrán participar del programa y recibir transferencias a medida que acrediten avances en las medidas previstas.
Control de gastos y cambios en la recaudación
Uno de los principales focos estará puesto en el gasto en personal. Las provincias deberán avanzar en sistemas centralizados para administrar sus nóminas y contar con herramientas que permitan detectar posibles irregularidades o gastos considerados ineficientes.
El programa también contempla medidas sobre las empresas estatales provinciales. En ese caso, el objetivo será reducir sus déficits operativos y mejorar los mecanismos de control sobre sus resultados.
Otro de los puntos estará relacionado con los sistemas previsionales y la supervisión de los pagos de pensiones.
Pero el acuerdo no se limita a reducir gastos. El BID también planteó la necesidad de que las provincias mejoren su capacidad para generar recursos propios.
Para eso, deberán modernizar los registros de contribuyentes y ampliar las bases sobre las que se calculan distintos impuestos provinciales, incluidos los vinculados a la propiedad.
Además, se buscará mejorar la transparencia de las cuentas públicas. Las jurisdicciones que participen tendrán que cumplir con los requerimientos de información establecidos por el Tesoro Nacional.
Un crédito de 25 años
El financiamiento forma parte de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por U$S 1.500 millones, aprobada por el directorio ejecutivo del BID en septiembre.
El esquema establece un plazo de cuatro años para realizar los desembolsos, mientras que la devolución del préstamo se extenderá durante 25 años. También contempla cinco años de gracia antes de comenzar con los pagos correspondientes.
La tasa de interés estará vinculada a la SOFR, una referencia utilizada en los mercados financieros internacionales.
Desde el organismo destacaron que el programa apunta a uno de los objetivos definidos para la Argentina en su estrategia de país para el período 2025-2028.
“Esta operación apoya directamente una de las prioridades clave de la Estrategia de País 2025-2028 del Grupo BID para Argentina: fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público”, señaló Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina.
El acuerdo fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. Con la oficialización del decreto, comenzó a instrumentarse una línea que busca vincular el financiamiento externo con el cumplimiento de metas concretas por parte de las administraciones provinciales.-
