El gobierno de Milei prepara un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. Qué cambia en los diagnósticos, las internaciones y los hospitales psiquiátricos.
El 52% de los argentinos dice estar atravesando una crisis vital. Seis de cada diez tienen problemas para dormir. Y de quienes no reciben atención psicológica, la mitad reconoce que la necesita, aunque no puede pagarla. Con ese trasfondo, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar con un proyecto de ley para reformar la normativa de salud mental vigente desde el 201o.
La iniciativa llegará al Senado en los próximos días,el Ministerio de Salud de la Nacion.Y aunque el Gobierno la presenta como una modernización necesaria, ya genera debate entre especialistas, organizaciones civiles y familias que conviven de cerca con estas problemáticas.
Qué propone el proyecto
Uno de los cambios más concretos tiene que ver con el lenguaje. La ley actual habla de "padecimiento mental", un concepto que, según el Ministerio, resulta demasiado amplio para el trabajo clínico y puede generar demoras o confusión a la hora de diagnosticar. El proyecto propone reemplazarlo por "trastornos mentales o del comportamiento", adoptando así categorías específicas como depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar, en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Otro punto clave es el criterio para las internaciones involuntarias. Hoy, la ley exige que el paciente represente un "riesgo cierto e inminente" para sí mismo o para terceros. El proyecto propone flexibilizar eso, incorporando el contexto y los antecedentes de la persona para habilitar intervenciones más tempranas. En situaciones de urgencia, un médico psiquiatra podría indicar la internación, que luego debería ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.
En cuanto a los hospitales psiquiátricos, el proyecto no avanza en su cierre -como impulsa la normativa actual- sino que propone mantenerlos e integrarlos a una red de atención organizada por niveles de complejidad. El argumento oficial es que no existe infraestructura suficiente para trasladar toda la atención a hospitales generales.
Las críticas y el contexto de fondo
La Ley de Salud Mental fue sancionada en 2010 y estableció, entre otras cosas, el cierre progresivo de los manicomios para 2020. Ese plazo se incumplió. Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalan que el problema no está en el texto de la ley, sino en que nunca se aplicó de verdad.
Por ejemplo, la ley obliga a destinar el 10% del gasto en salud a salud mental. En la práctica, la inversión prevista para 2026 representaría apenas el 1,42% del presupuesto total de salud. En los últimos diez años, ese porcentaje nunca superó el 2,66%.
Solo 16 de las 24 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley actual. De las 23 provincias, solo 18 tienen hospitales generales con servicios de salud mental y apenas 20 cuentan con camas de internación. Esa aplicación desigual es, para el Gobierno, uno de los argumentos centrales para justificar la reforma.-
