Se continúa investigando para identificar a otros posibles autores de amenazas, recordando que este tipo de situaciones “no es una broma, es un delito”.
Tras una rápida investigación tecnológica, el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco logró identificar a uno de los presuntos responsable de la difusión de mensajes amenazantes sobre supuestos ataque en el establecimiento educativo “Roberto Muller”. En el procedimiento se incautó el dispositivo móvil vinculado a la maniobra y se dio intervención a las áreas de Niñez y Familia.
La investigación se inició el pasado 18 de abril, a partir de la denuncia de una docente, quien alertó sobre la circulación de capturas de pantalla de WhatsApp e Instagram con mensajes de amenaza. En dichas publicaciones se advertía sobre el uso de armas de fuego y armas blancas en la E.E.S. N° 66, acompañadas de imágenes.
Investigación digital y seguimiento
Ante la situación, efectivos de la División Cibercrimen intervinieron y realizaron un análisis de fuentes abiertas y perfiles en redes sociales, logrando rastrear el usuario de Instagram denunciado. Las tareas investigativas permitieron localizar un domicilio en el Barrio La Rubita, donde reside un menor de 13 años presuntamente vinculado a la creación y difusión del contenido.
Secuestro y medidas judiciales
Por orden del Equipo Fiscal N° 03, se realizó un procedimiento en el domicilio señalado, donde los efectivos procedieron al secuestro formal de un teléfono celular el cual será sometido a peritajes técnicos bajo estricta cadena de custodia.
Asimismo, se notificó de las actuaciones en la causa por supuesta intimidación pública (amenazas en establecimientos educativos) a la progenitora del menor involucrado y se dio intervención inmediata a la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familia (Línea 102) para el abordaje integral del caso.
La Policía del Chaco recuerda a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes y padres, que la difusión de amenazas o falsas alarmas que alteren la tranquilidad pública no constituye una broma, sino que está tipificada como el delito de intimidación pública. Este tipo de acciones moviliza recursos de seguridad y puede acarrear graves consecuencias judiciales para los responsables y sus tutores.
