Únicamente el 11% de las víctimas se presentaron ante la Justicia para denunciar los hechos, mientras que el 75% de ellas tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% botón antipánico.
En lo que va del 2026 se registraron 176 casos de femicidios, crímenes cometidos cada 33 horas en la Argentina, y ya hay más víctimas que el año pasado.
De acuerdo al informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá),únicamente el 11% de las víctimas se presentaron ante la Justicia para denunciar los hechos, mientras que el 75% de ellas tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% botón antipánico.
Desde el 1° de enero hasta el 31 de agosto hubo 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones/niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.
A nivel de tasas relativas por cantidad de habitantes, las provincias con mayor incidencia de femicidios durante 2026 son Santiago del Estero (1,7 cada 100.000 mujeres), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4), seguidas por Misiones (1,2), San Luis (1,1) y Tierra del Fuego (1,1).
En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de crímenes con 66 casos (46 directos, 8 vinculados, 8 trans/travesticidios y 4 vinculados al narcotráfico), seguida por Santa Fe con 33 casos y Córdoba con 10.
El estudio minucioso sobre los victimarios y las circunstancias del hecho revela patrones sistemáticos que se repiten en todo el territorio nacional:
El vínculo con la víctima: El 60% de los femicidios fue cometido por parejas, ex parejas o familiares. Un 11% fue perpetrado por conocidos, un 11% por sicarios o crimen organizado, y un 6% por desconocidos (12% sin datos).
El hogar como sitio de mayor riesgo: El 67% de las agresiones fatales ocurrieron en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido, mientras que un 14% tuvo lugar en la vía pública y un 6% en descampados.
Armas empleadas: El 32% se cometió con armas de fuego, el 24% con armas blancas, el 13% por asfixia y el 11% a golpes. En el 19% de los casos se utilizaron mecanismos para ocultar o disimular el cadáver (desmembramiento, entierro clandestino o desecho en cursos de agua y basurales).
Perfil del agresor: La edad promedio de los femicidas es de 41 años. El 32% convivía con la víctima, el 16% se suicidó tras el hecho y un 5% pertenecía a fuerzas armadas o de seguridad. Asimismo, el 18% de los femicidas que se dieron a la fuga continúan prófugos de la justicia.
Alerta Institucional: Desprotección Estatal Uno de los datos más alarmantes del informe radica en la efectividad de las medidas judiciales: si bien solo el 11% de las víctimas había logrado radicar denuncias previas contra su agresor, el 75% de las mujeres que denunciaron contaba con una orden de restricción perimetral vigente y un 12% disponía de botón antipánico al momento de ser asesinada.
El impacto indirecto de la violencia machista sigue dejando secuelas profundas en la infancia y juventud argentina. En lo que va del año, 132 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de estos crímenes. Al menos 61 de ellos son potenciales beneficiarios de la Ley N° 27.452 (Ley Brisa), que otorga una reparación económica y cobertura de salud a los hijos de víctimas de femicidio.
Ante este cuadro de situación, desde el Observatorio MuMaLa reafirmaron el pedido urgente al Estado Nacional para la declaración de la Emergencia Nacional en Violencias de Género, exigiendo la restitución y asignación prioritaria de recursos económicos y humanos dedicados a la prevención, asistencia integral y acompañamiento de mujeres y disidencias en todo el país.
Las armas de fuego fueron las más utilizadas para matar (32%), seguidas por las armas blancas (24%) y otras modalidades como asfixia (13 %) y golpes (11 %).
La edad promedio de las víctimas es de 39 años; 16 eran niñas y adolescentes y 17 eran adultas mayores, a la vez que el femicida tiene 41 años.
MuMaLá criticó la falta de prevención y políticas para abordar esta problemática social, por lo que exigió "a nivel nacional la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo".
