La jueza Jia Cobb autorizó a Titan Consortium a buscar activos argentinos y solicitar embargos para cobrar una sentencia vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La Justicia de Estados Unidos habilitó al fondo Titan Consortium a comenzar la búsqueda de activos comerciales de la Argentina en el exterior con el objetivo de avanzar en el cobro de una sentencia por US$390,9 millones, vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La autorización fue otorgada por la jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, y permite iniciar desde este lunes 28 de septiembre los pedidos de información y eventuales embargos.
La resolución fue emitida el viernes 25 de septiembre y establece que los demandantes ya pueden avanzar con el proceso para localizar bienes argentinos que puedan ser alcanzados judicialmente. De esta manera, Titan Consortium buscará que la Argentina pague al menos una parte del monto establecido en la sentencia, luego de que transcurriera un período que la magistrada consideró suficiente desde la orden de pago.
Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en los litigios que enfrenta la Argentina en el exterior, Titan tiene causas registradas tanto en los tribunales del Distrito de Columbia como en Nueva York. Sin embargo, aclaró que los pedidos de información, búsqueda y eventual embargo de activos no necesariamente deberán tramitarse exclusivamente ante esas mismas jurisdicciones.
En su decisión, Cobb sostuvo que pasó un plazo prudencial desde que se ordenó el pago y que la Argentina no habría realizado acciones para cumplir con la sentencia. La magistrada señaló que “en los veintiún meses transcurridos desde entonces, al parecer Argentina no ha hecho ningún esfuerzo por pagar la sentencia”, en referencia al período posterior a la orden emitida por la Justicia estadounidense.
El conflicto tiene su origen en un laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral dependiente del Banco Mundial. Para ejecutar ese fallo y buscar el cobro, los beneficiarios deben recurrir posteriormente a los tribunales judiciales de los países donde existan activos que puedan ser alcanzados.
La demanda ante el CIADI había sido iniciada por el grupo español Marsans, que tenía el control de Aerolíneas Argentinas y Austral cuando ambas empresas fueron expropiadas por el Estado argentino en 2008. Con el tiempo, los derechos derivados del reclamo fueron transferidos al fondo Burford Capital, que también intervino en el litigio relacionado con la expropiación de YPF, y posteriormente quedaron en manos de Titan Consortium.
El CIADI emitió en 2017 un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó posteriormente anular esa decisión, pero el tribunal arbitral rechazó el planteo en 2019 y mantuvo vigente la obligación derivada del proceso.
La causa avanzó luego en los tribunales estadounidenses y, en diciembre de 2024, Titan consiguió que la Justicia de Estados Unidos reconociera el laudo y ordenara a la Argentina pagar US$390,9 millones, además de los intereses correspondientes. El Gobierno argentino apeló durante 2025 y cuestionó el plazo de prescripción aplicado al reclamo.
El país sostuvo que debía aplicarse un plazo de tres años, mientras que la decisión de primera instancia había establecido uno de 12 años. Finalmente, el 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la aplicación del plazo de 12 años y estableció como monto ejecutable US$390.907.115,55, correspondiente al monto original de la condena.
Con esa instancia judicial resuelta, la nueva autorización de la jueza Cobb permite a Titan Consortium avanzar en la localización de activos comerciales argentinos en el exterior. El objetivo del fondo es identificar bienes que puedan ser alcanzados por medidas judiciales y utilizarlos para intentar hacer efectivo el cobro de la sentencia.-
