Conoce por qué el Noveno Circuito bloqueó en California la exigencia de identificación visible para agentes federales durante operativos migratorios.
Una corte federal de apelaciones resolvió que California no puede aplicar contra el gobierno federal una ley que obligaba a los agentes de inmigración que operaban de civil a mostrar una identificación visible durante sus procedimientos. El fallo representa un revés para Gavin Newsom y su política de exigir mayor transparencia a las fuerzas de seguridad.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocó la decisión de primera instancia que había rechazado conceder una medida cautelar preliminar contra la aplicación de la Sección 10 de la Ley No Vigilantes, conocida en inglés como No Vigilantes Act.
En su resolución del 14 de octubre, el tribunal ordenó devolver el caso al juzgado de distrito con instrucciones para que emita una medida que impida al estado, al gobernador y al fiscal general aplicar esa disposición contra el gobierno federal, sus agencias y sus funcionarios.
La sentencia, redactada por el juez Mark J. Bennett, concluyó que la legislación californiana intenta regular directamente las funciones del gobierno federal sin autorización del Congreso. El tribunal consideró que esa intervención contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.
Estos son los principales alcances de la resolución:
El alcance de la decisión se refiere específicamente a esa sección de la ley y no supone, por sí mismo, la anulación de todas las disposiciones de las otras normas cuestionadas en el litigio.
La Ley No Vigilantes fue aprobada el 20 de septiembre de 2025, en un contexto de intensificación de las operaciones federales de control migratorio en el estado.
Según los antecedentes recogidos por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, la legislación buscaba establecer obligaciones de identificación para los funcionarios policiales que actuaran sin uniforme durante determinados procedimientos.
Entre los principales aspectos de la normativa se encontraban los siguientes:
Para el gobierno estadounidense, la norma interfería directamente con sus competencias para organizar y ejecutar sus propias operaciones.
La decisión generó una reacción de la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, que defendió la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones policiales.
Según publicó The Hill, la oficina de Bonta expresó su desacuerdo con la decisión y afirmó que estaba examinando la sentencia.
La oficina del fiscal general sostuvo: “La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares fundamentales de una aplicación eficaz de la ley. Que las fuerzas de seguridad se nieguen a identificarse socava la seguridad colectiva. Estamos decepcionados por la decisión de hoy y estamos revisando la opinión del tribunal”.
