Advierten pérdidas por US$ 25.000 millones anuales por falta de mantenimiento y exigen un plan integral para la infraestructura vial
En medio de la crisis que atraviesa el sector, la Cámara Argentina de la Construcción lanzó un duro reclamo al gobierno de Javier Milei, al exigir definiciones urgentes por la deuda con las empresas y advertir sobre el crítico estado de las rutas nacionales.
Desde la entidad señalaron que la falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura vial genera pérdidas estimadas en 25.000 millones de dólares anuales, en un contexto de fuerte caída de la actividad. En los últimos 15 meses, la demanda de insumos se desplomó un 22%, reflejando el impacto del freno a la obra pública.
En un comunicado difundido tras la reunión de su Consejo Federal, la cámara fue contundente: “La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida”.
El planteo apunta especialmente a los 30.000 kilómetros de rutas que no están concesionadas, donde reclaman intervención estatal urgente para evitar un mayor deterioro.
Si bien desde el sector valoraron el inicio de nuevos esquemas de concesión, advirtieron que el problema es estructural: “La falta de inversión en infraestructura es uno de los principales problemas de la Argentina. Sin resolver este déficit, el país no podrá sostener un crecimiento de largo plazo ni integrarse al comercio internacional”.
Deuda y riesgo para el empleo
Otro eje central del reclamo es la deuda que el Estado mantiene con las constructoras. “Continúa sin resolverse la deuda histórica. La falta de definición sobre el bono anunciado genera incertidumbre y agrava la crisis financiera del sector”, señalaron.
En ese sentido, alertaron sobre el impacto directo en la actividad: “Cada día de demora implica más empresas al borde del colapso y más empleos en riesgo”.
Ademas recordemos que del 60% de lo recaudado por impuesto a los combustibles deberia ser transferido a las provincias en diferentes conceptos, pero el Gobierno nacional lo retiene. Las pérdidas que esta maniobra arrojó para las provincias el año pasado es casi 3 billones de pesos, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares.
